5 Hechos Fácil Sobre decreto 065 de 2020 Descritos
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Todavía se modifica la Clase Caudillo de la Seguridad Social, en relación con los beneficios en la cotización a la Seguridad Social aplicables a los expedientes de regulación temporal de empleo y al Mecanismo Garlito; que están actualmente condicionados al mantenimiento en el empleo de las personas trabajadoras afectadas durante los seis meses siguientes a la finalización del periodo de vigencia del expediente de regulación temporal de empleo.
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Las empresas que incumplan este compromiso deberán restituir el precio de las cotizaciones de cuyo plazo resultaron exoneradas en relación a la persona trabajadora respecto de la cual se haya incumplido este requisito, con el recargo y los intereses de retraso correspondientes, según lo establecido en las normas recaudatorias de la Seguridad Social, previa comprobación del incumplimiento de este compromiso y la determinación de los importes a reponer por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Que la Ley 2365 de 2024 en su artículo 14 señala que las personas empleadoras o contratantes deberán tomar las medidas conducentes para asegurar la continuidad de la víctima denunciante de acoso sexual en el contexto laboral y que la terminación unilateral del convenio de trabajo o la destitución de la víctima de acoso sexual que haya puesto los hechos en conocimiento del empleador o contratante en los términos descritos en los artículos 15 y 17 de la misma Ralea, carecerá de todo propósito cuando se profieran Adentro de los seis (6) meses siguientes a la petición, queja o denuncia.
Finalmente, se incluye una nueva disposición en el Real Decreto-condición 20/2021, de 5 de octubre, con el fin de permitir a los deudores inscritos en el Registro de personas afectadas por el volcán, de los municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte y cuyos ingresos principales provengan de la agricultura, solicitar una suspensión por seis meses adicionales de sus obligaciones de cuota derivadas de los contratos de préstamo o crédito con o sin señal hipotecaria; aliviando de este modo la situación de familias de agricultores que no pueden trabajar en sus fincas porque aún se encuentran afectadas.
5. Acreditada la situación de vulnerabilidad de la persona que habite en la vivienda y ponderadas por el Magistrado todas las demás circunstancias concurrentes, este dictará automóvil acordando, en su caso, la suspensión por el tiempo que reste hasta el 31 de diciembre de 2025.
La disposición final tercera tiene por objeto ampliar el plazo de solicitud de ayudas a las Corporaciones Locales, a resolución 0312 de 2019 safetya cuatro meses desde la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del Verdadero Decreto-ralea 6/2024, de 5 de noviembre.
¿Qué van a hacer las Cámaras de Comercio con los mayores posibles que van a percibir de cuenta del incremento en las tarifas de renovación de las medianas y grandes empresas?
Destacan que, en este caso, el conductor debe instalar un aviso en la parte trasera del vehículo, con letra clara y tamaño visible, en el que comunique que se dirige a este tipo de actividades.
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Como consecuencia del Acuerdo entre la Ministra de Transportes, Movilidad y Memorándum Urbana y los Presidentes de Asturias y Cantabria, de 20 de febrero de 2023, donde se establece una serie de obligaciones entre las partes firmantes, entre la que está la de «Extender la contribución económica actual para la gratuidad de las cercaníGanador ferroviarias en Asturias y Cantabria más allá del 31 de diciembre de 2023 y hasta la entrega de las unidades de trenes pendientes en el acuerdo en curso», en los núcleos de CercaníGanador de Asturias y Cantabria se prorrogan las condiciones establecidas en el artículo 73 del Existente Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, Vencedorí como para atenuar los enseres de la sequía hasta el 31 de diciembre de 2025.
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Las medidas contempladas en esta norma gozan de los requisitos de extraordinaria y urgente pobreza que exige el artículo 86 de la Constitución Española como presupuestos habilitantes para la aprobación de un Existente decreto-ley.